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Como un despacho de abogados autónomo y comprometido con la buena praxis del derecho y la justicia, nuestro equipo plasma por escrito su opinión personal y la de Pluslegal Abogados sobre temas de interés general relacionados con nuestro trabajo diario y experiencia. Consulta todos los artículos de opinión del despacho.

La opinión de Pluslegal Abogados

ene.
31
2017

Análisis informativo y crítico del Real Decreto de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo

Posted 3 years 16 days ago ago by Pluslegal Abogados

Desde Pluslegal Abogados, realizamos, desde el mismo momento de su puesta en conocimiento, una valoración negativa del contenido del Real Decreto – Ley 1 / 2.017, de 20 de Enero, (B.O.E. 21 de Enero de 2.017),  de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, por considerar que sus medidas más que urgentes son precipitadas (la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  es de fecha 21 de Diciembre de 2.016) y más que de protección de los consumidores es de protección de los intereses de las entidades bancarias. Su texto se ha aprobado sin intervención de las Asociaciones de Consumidores y de los Colegios de Abogados, cuya opinión debió ser tenida en cuenta como acredita el hecho de que se prevea su intervención en el órgano de seguimiento y control que eventualmente pueda crearse previsto en su disposición final tercera.

Pero aun siendo críticos con esta norma, Pluslegal Abogados tiene una obligación ética y profesional de informar a los usuarios, no sólo de cuáles son sus derechos y el proceso para reclamar, sino también de aquellos obstáculos con los que va a encontrarse en su aplicación práctica por ser la norma incompleta y dejar a discreción unilateral de las entidades financieras muchos aspectos del procedimiento.

Si desde luego lo que se pretende, según la exposición de motivos, es evitar una presentación masiva de demandas judiciales y prevenir un eventual colapso de la justicia; el Real Decreto – Ley debería haber sido más completo, reconociendo sus carencias la propia exposición de motivos del mismo al indicar que “pretende avanzar en las medidas dirigidas a la protección de los consumidores …..”; más que un avance se podría haber dado una solución definitiva al conflicto, según demandan los ciudadanos.

Las cláusulas suelo han sido una lacra para este País; no hay que olvidar a aquellas personas que han perdido sus viviendas en procesos de ejecución hipotecaria por no poder pagar la cláusula suelo.

Seguidamente, analizamos su contenido:

1.- Reclamación previa: las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judicialesEl sistema de reclamación debería estar fijado en el propio Real Decreto no dejando a las entidades la articulación del mismo, previendo el contenido específico de los formularios de reclamación de un modo garante de los derechos de los consumidores.

La implantación de este sistema deberá realizarse en plazo máximo de 1 mes (Disposición Adicional Primera), de modo que las entidades tienen como plazo hasta el  21 de Febrero de 2017, sin perjuicio de lo cual los consumidores pueden desde ya presentar la reclamación (disposición adicional primera).

Consideramos que el sistema de solución extrajudicial de conflictos debería ser fiscalizado por el Banco de España como Organismo supervisor y debiera ser el mismo quien fuera garante de los derechos de los consumidores.

2.- La reclamación tiene carácter voluntario para el consumidorpero la norma penaliza el hecho de acudir directamente a los Juzgados cuando la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional (art. 24 C.E.).

3.- Recibida la reclamación, la entidad analizará si es procedente o no, y si lo considera improcedente comunicará las razones en que motiva su decisión. Según se observa, queda a discreción de la Entidad considerar la cláusula suelo nula o no, sin que el Real Decreto haya establecido parámetros en los que debe basarse el Banco sin perjuicio de que entendemos que ellos quedaron debidamente fijados en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. Aquí reclamamos un gran pacto de Estado donde el Gobierno, de acuerdo con las Entidades financieras y bajo la supervisión del Banco de España, hubiere promovido la declaración de nulidad de la totalidad de las cláusulas suelo estableciendo mecanismos para el reintegro a los ciudadanos de lo abonado en exceso. Desde luego el esfuerzo del Gobierno en este sentido ha sido cero, plegándose a la exigencia de un cuarto poder que parece ser el financiero.

Es criticable que determinadas entidades financieras ya hayan indicado que todas sus cláusulas suelo son válidas y que responderán negativamente a la pretensión de sus clientes.

4.- Si la Entidad considera la reclamación procedente, deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo. El consumidor en la mayoría de los casos precisará valerse de un profesional que verifique si el cálculo es correcto. Consideramos que la normativa debería haber previsto una página web oficial de la Administración que contenga un programa informático que de un modo sencillo permita al consumidor introduciendo los datos básicos de su hipoteca (fecha de constitución, principal, índice de referencia y diferencial ……) calcular la cuantía abonada en exceso. Este sistema está correctamente implantado en otros ámbitos como por ejemplo el actualizador de rentas de arrendamiento de la página oficial del Instituto Nacional de Estadística.

5.- El consumidor debe manifestar si está o no de acuerdo con dicho cálculo. En caso de disconformidad la normativa no prevé que la entidad tenga obligación de contestar a lo expuesto por el usuario. De hecho, se entiende finalizado el procedimiento por esta disconformidad. Da la impresión de que se aplica la famosa frase “o lo coges o lo dejas”, estableciendo de un modo bastante simple un plazo máximo de tres meses para que las partes lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del consumidor la cantidad a devolver.

6.- Se entiende que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdoy el consumidor puede adoptar las medidas que estime oportunas (previsiblemente acudir a la vía judicial), si:

            a) La entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor.

            b) Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna; es sorprendente que si no contesta el Banco el consumidor haya perdido tiempo y esfuerzos en la reclamación y no se penalice a la entidad financiera.

            c) Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de crédito o rechaza la cantidad ofrecida. Se debió fijar que el Banco analice las causas de disconformidad para que, sin dilatar el procedimiento, pueda variar su criterio, escuchando al consumidor y valorando sus alegaciones.

            d) Si transcurrido el plazo de 3 meses no se ha puesto a disposición del consumidor la cantidad ofrecida. Este apartado es una paradoja jurídica: si el Banco tiene que poner a disposición del consumidor la cantidad ofrecida es porque ha estimado la reclamación y el consumidor la ha aceptado. En este caso, el cliente que ha visto estimada su pretensión debería tener un título ejecutivo contra la Entidad, análogo a una Sentencia firme, para que se procediese contra la misma por vía de apremio, sin tener que acudir a un proceso declarativo para que se declare un derecho que a le ha reconocido el Banco.

7.- Las Entidades informarán a los clientes de las obligaciones tributarias derivadas de la devolución de las cantidades acordadas y lo comunicarán a la A.E.A.T.

8.- No puede simultanearse la reclamación extrajudicial con la judicial. Si ello se produce queda en suspenso el proceso judicial.

9.- Costas procesales: se prevé, en el Real Decreto objeto de análisis para el caso, que el consumidor acuda al proceso judicial. Los criterios para la imposición de costas procesales están regulados con carácter general en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Consideramos que una regulación que afecte a la aplicación de esta normativo debe tener rango de Ley, excediéndose el Real Decreto Ley de su ámbito objetivo.

            Pueden producirse varios supuestos:

a)      Si se ha acudido previamente al procedimiento extrajudicial: se impondrán las costas a la entidad bancaria solo si el consumidor rechaza el cálculo realizado por ésta o declina, por cualquier motivo, la devolución del efectivo, formula la demanda, y obtiene una Sentencia más favorable a la oferta recibida de la entidad.

b)     Si no se ha acudido previamente al proceso extrajudicial y:

-          La entidad se allana a la totalidad de las pretensiones del reclamante: no hay condena en costas a la Entidad.

-          La entidad se allana parcialmente a la demanda, y consigne la cantidad que la misma reconoce como adeudada, solo se le impone la condena en costas si el consumidor obtuviera una Sentencia cuyo resultado económico fuera más favorable que la cantidad consignada.

En lo no previsto se estará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Pluslegal Abogados considera que en todo caso se debiera haber estado a lo previsto en dicho texto legal porque su contenido y reglas de aplicación no pueden modificarse en virtud de Real Decreto.

10.- Una vez convenida la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad de crédito podrán acordar la adopción de una medida compensatoria distinta de la devolución en efectivo. La entidad de crédito deberá suministrarle la valoración y darle un plazo de 15 días para responder.  La norma no indica cual es esta medida, que consideramos consistirá en deducir la cuantía adeudada a la entidad financiera en concepto de principal, lo que supondrá una minoración de la cuota a pagar o en su caso mantener la cuota y minorar el plazo de amortización. Por un principio de transparencia la entidad que contesta favorablemente a la reclamación en la contestación deberá formular la propuesta alternativa; tal y como está redactada la norma, aunque un tanto ambigua, consideramos que se debe en todo caso ofrecer la devolución en metálico y potestativamente solo si acepta el consumidor proponerle otras formas de devolución, pero no proponer directamente lo segundo.

11.- Gratuidad del procedimiento extrajudicial y reducción de aranceles.

El hecho de que el proceso extrajudicial sea gratuito es obvio previéndose que los aranceles de Notario y Registro de la Propiedad para inscribir que la cláusula suelo quede sin efecto sean los mínimos pero no se establece quién tiene que abonarlos, si el consumidor o la Entidad, lo que será objeto de controversia, dado que la inscripción en puridad beneficia al consumidor pero es la entidad quien ha generado su necesidad dado que fue quien promovió la incursión de la cláusula nula en la escritura de préstamo.

12.- Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas e intereses indemnizatorios.

            - No se integran en la base del IRPF, luego no se tributa por ellas.

            - Si hubieren formado parte de la base de deducciones estatales o autonómicas, se pierde el derecho a practicar deducción en relación a las mismas, debiendo regularizarse la situación en la declaración del ejercicio correspondiente a aquel en que se hubiera llegado a un acuerdo con la entidad financiera, siendo precisa la presentación  de una autoliquidación complementaria en el plazo comprendido entre el acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autiliquidación por el IRPF.

            Es importante destacar que no procede esta adicción, luego no hay que reembolsar ninguna cantidad fiscal si el acuerdo consiste en minorar el principal del préstamo. Con ello, la normativa, en protección de las entidades financieras, promueve el hecho de que no se efectúen reembolsos en metálico sino que se deduzcan del principal adeudado de modo que la entidad financiera no pierda liquidez.

COMO COROLARIO DE LO ANTERIOR, EL GOBIERNO HA PROPICIADO UN ESCENARIO DE INDEFINICIÓN QUE NO RESUELVE  EL CONFLICTO DE LAS CLÁUSULAS SUELO POR LO QUE ENTRAREMOS EN UNOS MESES CARACTERIZADOS POR LA FALTA DE SEGURIDAD JURIDICA.






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