Sentencias
Sentencias ganadas por Pluslegal: una trayectoria impresionante.
Últimas Sentencias
Los inquilinos no abonaban la renta a nuestro cliente. Se interpuso una Demanda de Desahucio por impagos de rentas. La Sentencia estimó íntegramente nuestras pretensiones.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cornellà de Llobregat ha dictado Sentencia nº 14/2024 de fecha 29 de enero de 2024 condenando a los demandados al pago a nuestro cliente de las cantidades adeudadas en concepto de rentas así como al desalojo del inmueble, de acuerdo con las estrategias y pruebas planteadas por la Letrada Miriam Nasser Mansilla, Socia y Directora de Pluslegal Abogados.
Demanda de desahucio por impago de rentas. La Sentencia resolvió estimando íntegramente nuestras peticiones ante el impago de rentas y suministros que soportaban los herederos de este inmueble.
Los clientes acuden al Despacho ya que en el mes de abril de 2019 previo al fallecimiento de su padre los inquilinos comenzaron con impagos de la renta y de suministros. Ante dicha situación en abril de 2022 se interpuso demanda de desahucio por impago de rentas y suministros, y reclamación de cantidad.
Tras 10 meses se dictó la Sentencia estimatoria del desahucio, reconociendo la resolución del contrato de arrendamiento por incumplimiento, y la condena al pago de todas las mensualidades y suministros adeudados hasta la recuperación de la posesión de la vivienda.
Con nuestra intervención se recuperó el inmueble después de 13 meses desde la interposición de la demanda de desahucio.
Desde Pluslegal Abogados representamos a un propietario que quiere recuperar su inmueble. El motivo: Nuestro cliente alquiló su vivienda y el hijo de la inquilina cambió la cerradura para prohibir la entrada a su madre. Iniciamos demanda de desahucio en precario contra los ocupantes de la vivienda.
La inquilina de este inmueble ingresó en un centro residencial el 30 de marzo de 2022. Cuando recibió el alta no pudo entrar en su vivienda, ya que su hijo había cambiado la cerradura para prohibir su entrada.
Demandamos la situación y el ocupante se opuso alegando que contaba con la autorización de la arrendataria para habitar el inmueble.
Gracias a las pruebas aportadas se estimó íntegramente la demanda interpuesta por la Directora del Despacho Doña Miriam Nasser Mansilla, ordenando el desalojo del inmueble y recuperando exitosamente la posesión.
Sentencia favorable al cliente contra cooperativa de viviendas por “enriquecimiento injusto” (Sentencia Nº187/2023 de fecha 24 de abril de 2.023 dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº44 de Madrid)
En este caso, nuestro cliente se interesó por un proyecto de cooperativa de viviendas cuyo objeto era promover la construcción de viviendas unifamiliares en los municipios madrileños de Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Boadilla, abonando la cantidad total de 3.000,00 € en concepto de cuotas de adhesión a la cooperativa. Ante la desconfianza surgida a nuestro cliente tras los abonos iniciales, debido a las prácticas poco transparentes de los promotores del proyecto – no atendían a las solicitudes de información de nuestro cliente- y ante la imposibilidad de llegar una solución negociada para la devolución voluntaria de las cantidades, el despacho profesional presenta una demanda reclamando todos los abonos realizados.
El juzgado estima íntegramente nuestra demanda, declarando que los representantes legales de la cooperativa de viviendas se habían enriquecido de manera injusta y acordando el abono a nuestro cliente de la cantidad de 3.000,00 € más los intereses legales correspondientes y con expresa condena de las costas del juicio a los demandados. La sentencia es firme y no cabe recurso contra la misma.
Delito leve de usurpación de vivienda. (Sentencia Nº157/2023 de fecha 15 de noviembre de 2.023, dictada por el Juzgado de Instrucción Nº03 de Alcalá de Henares).
En este caso, nuestro cliente era un propietario que al acudir a la vivienda para recuperar la posesión de su inmueble tras la finalización de un contrato de arrendamiento, se vio privado de la misma debido a la ocupación sin justo título por parte de una tercera persona. Tras la denuncia interpuesta, se señaló acto de juicio al que acudieron los clientes bajo la asistencia Letrada del despacho. Se solicitó al Juez la adopción de la medida cautelar de desalojo. Debido a ello, se condenó a la ocupante como autora penalmente responsable de un delito leve de usurpación, no sólo al desalojo inmediato del inmueble, sino también a una pena de multa de tres meses con una cuota diaria de diez euros, así como al abono de las costas procesales.
Demanda de desahucio por impago de rentas con situación de vulnerabilidad económica de los demandados. Ante la mencionada situación se llegó a un acuerdo favorable para nuestro cliente que puso fin al procedimiento judicial (Auto número 270/2023 de fecha 21 de noviembre de 2023 del Juzgado de Primera Instancia Nº09 de Arganda del Rey).
En este caso, el cliente acude al despacho interesado en resolver el contrato de arrendamiento que mantenía con sus inquilinos – desde hace más de diez años – debido a impagos de alquileres por importe de 4.300,00 €. El cliente no había tenido anteriormente problemas con los inquilinos, ni tenía un interés particular en que abandonasen el inmueble, pero debido a los impagos se vio obligado a tomar acciones.
Desde el despacho presentamos la demanda con carácter inmediato. Una vez notificada a los inquilinos, (habiendo aumentado los adeudos de renta a la cantidad de 5.450,00 €), los inquilinos solicitan la suspensión de las actuaciones, por encontrarse en una presunta situación de vulnerabilidad económica (según lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo). A efectos de evitar la posible suspensión de las actuaciones, con el perjuicio que hubiera supuesto al cliente, desde Pluslegal promovimos una negociación con los abogados de los inquilinos, logrando, finalmente un acuerdo según el cual:
- Los inquilinos abonaron a nuestro cliente la cantidad total adeudada (5.450,00 €).
- El contrato de arrendamiento continuó vigente, con una elevación de la renta de alquiler (50,00 € mensuales adicionales a la renta que los inquilinos abonaban al arrendador hasta el momento).
- Los inquilinos desistieron de tramitar el incidente de suspensión del procedimiento por posible vulnerabilidad económica.
- Se llegó a un acuerdo para que los inquilinos abonasen parte de los gastos procesales ocasionados a nuestro cliente y se acordó que, en caso de incumplimiento, nuestro cliente pudiera solicitar directamente la resolución del contrato y el lanzamiento.
El acuerdo se homologó judicialmente en fecha 21 de noviembre de 2.023 en el Juzgado de Primera Instancia Nº09 de Arganda del Rey. Si los inquilinos incumplieran alguno de los términos previstos en el mismo, nuestro cliente tendría la posibilidad de solicitar la ejecución directa del acuerdo.
Un multipropietario de viviendas contacta con Pluslegal porque ocuparon uno de sus inmuebles. Desde el Despacho iniciamos procedimiento por delito leve de usurpación de vivienda. (Sentencia Nº103 de la fecha 8 de julio de 2.021, dictada por el Juzgado de Instrucción Nº3 de Huelva)
Pese a las dificultades legales de los supuestos de acudir a la vía penal ante la ocupación de bienes inmuebles cuando el titular es multipropietario de viviendas, desde Pluslegal Abogados, tenemos numerosos ejemplos de sentencias favorables. La ocupación de inmuebles que no constituyen el domicilio habitual del titular, no sólo supone un delito (delito leve de usurpación) que supone un grave perjuicio para quien lo padece (económico y personal), sino que además puede causar graves problemas de convivencia en la Comunidad de Vecinos. Por ello, es necesario tratar estos asuntos con la gravedad que merecen y la sanción penal de estos actos, es necesaria para disuadir la comisión de estos delitos.
En este caso, nuestro cliente era una mercantil cuyo objeto social es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento. Una de sus viviendas, situada en Huelva, fue ocupada por terceros y una vecina del mismo edificio, alertó a la Policía Nacional. Debido a la intervención policial, los ocupantes decidieron abandonar la vivienda a escasas horas de su acceso a la misma.
Normalmente en este tipo de supuestos los ocupantes quedan exentos de responsabilidad criminal, al haberse retractado del acto ante la presencia policial.
No obstante, debido a nuestra intervención letrada, procedimos a personamos en el procedimiento interesando la citación como responsables del acto a los ocupantes del inmueble. Tras las pruebas practicadas en el acto del juicio – testifical de los agentes actuantes y ocupantes, así como documental aportada por nuestra parte-, se logró acreditar el ánimo de los ocupantes de cometer un delito y conseguimos una sentencia condenatoria frente a los dos ocupantes a la pena de tres meses de multa con cuotas diarias de seis euros, así como al abono de las costas procesales causadas a nuestro cliente por el procedimiento. La condena fue superior a la solicitada por el Ministerio Fiscal, y acorde a la solicitada por nuestra parte.
SENTENCIA Nº 190/2024 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Barcelona. Juicio verbal (Desahucio por expirac.legal/contract del plazo art. 250.1.1) 65/2024.
Recibimos la sentencia estimando íntegramente el desahucio por expiración del plazo contractual interpuesta por este despacho en defensa de los derechos e intereses de la clienta.
Destacamos la labor de la Dirección Letrada del Despacho previa al inicio de la vía judicial y que es lo que ha permitido estimar la sentencia de forma íntegra por el juzgado.
En este sentido, se remitieron varios burofaxes al inquilino previos al inicio de la vía judicial en los que se informaba de la decisión de la arrendadora de no renovar el contrato de arrendamiento. En el burofax se procedió a dar contestación a todas las solicitudes planteadas por el inquilino que pedía una prórroga del contrato por una anualidad más, bajo la premisa de un acuerdo para la compraventa de la vivienda, a pesar de no haberse llegado a acordar entre las partes ninguno de los términos de la supuesta compraventa.
Estos burofaxes y comunicaciones fueron aportados en el procedimiento judicial de desahucio, habiéndose acreditado la voluntad de la arrendadora de no renovar el contrato de arrendamiento por una nueva anualidad, y habiendo realizado las comunicaciones en tiempo y forma.
Sentencia por la que se desestima una demanda interpuesta frente a nuestro cliente (propietario del inmueble), por sus anteriores inquilinos, debido a la retención parcial de la fianza del contrato de alquiler. Sentencia Nº 71/2021 de la fecha 1 de junio de 2.021, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº7 de Alzira
En este caso, nuestro cliente era un propietario que había recibido una demanda de sus anteriores inquilinos en reclamación de la fianza de arrendamiento.
Los inquilinos habían firmado el contrato de alquiler en el mes de agosto de 2.019. Con anterioridad a la finalización de la anualidad, en abril de 2.020, solicitaron la resolución anticipada del contrato, entregando las llaves de la vivienda a finales del mes de mayo de 2.020. Debido a que el contrato de alquiler preveía la posibilidad de penalizar a los arrendatarios por la resolución anticipada del contrato, con la parte proporcional a una mensualidad de renta en relación con el periodo que quedaba pendiente de cumplir (en consonancia con las previsiones legales del artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos), así como al impago de parte de los suministros devengados durante su estancia en la vivienda – cuyas facturas fueron asumidas por nuestro cliente -, mi representado pactó verbalmente con los arrendatarios la procedencia de retener parte de la fianza arrendaticia, sin cerrar ningún acuerdo por escrito, al entender que se había procedido debidamente a la liquidación de las cantidades relativas al contrato de arrendamiento. Pese a ello, con evidente mala fe, los inquilinos procedieron a demandar a mi representado reclamando la integridad de la fianza arrendaticia, indicando en el cuerpo de su demanda, que las cantidades devueltas por el propietario no correspondían a la fianza, sino a otras cantidades que les correspondía percibir por parte del propietario.
Desde Pluslegal Abogados, nos personamos en el procedimiento y contestamos a la demanda justificando minuciosamente todos los elementos probatorios que acreditaban que nuestro cliente había retenido, de manera procedente, parte de la fianza de alquiler, siendo especialmente relevante una serie de conversaciones mantenidas entre los inquilinos y el hijo del propietario, cuya aportación no esperaba la parte demandante y que evidenciaron la mala fe de los demandantes. Así el Juez concluye la improcedencia de la reclamación efectuada por los inquilinos a nuestro cliente en los siguientes términos:
“A la vista de las pruebas obrantes en autos, hemos de concluir que la parte demandada ha acreditado fehacientemente la improcedencia de la reclamación que se efectúa de contrario, habida cuenta que el contenido de los mensajes intercambiados vía whatsapp con la parte actora, cuyo contenido no ha sido negado ni desvirtuado de contrario, acredita que efectivamente ambas partes llegaron al acuerdo de que el sr. ______ debía hacer un pago de 500 euros y con ello se saldaban las posibles sumas pendientes entre ellos, lo que impide considerar que la suma devuelta se corresponda con otros conceptos que pudieran ser de cargo del arrendador.”
La sentencia devino firme y condenaron en costas a la parte demandante.
SENTENCIA Nº 301/2022 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Madrid. Juicio verbal (Desahucio por falta de pago) 57/2022.
Recibimos la sentencia estimando íntegramente el desahucio por impago de rentas y suministros junto con la reclamación de cantidades adeudadas por la arrendataria. La demanda fue interpuesta por este despacho en defensa de los derechos e intereses del cliente.
En esta ocasión, la arrendataria se opuso al desahucio alegando prejudicialidad civil, tratando de suspender el curso del desahucio, al haber interpuesto una demanda paralela frente al arrendador en la que reclamaba la realización de determinadas obras de fontanería en la vivienda arrendada, alegando el incumplimiento contractual por parte del arrendador de mantener la vivienda arrendada en condiciones de habitabilidad y escudándose en dichos problemas para justificar su impago de rentas y suministros.
Los motivos de la oposición fueron desestimados tras la celebración de juicio, al no acreditarse los supuestos problemas de fontanería, ni la cuantificación de los mismos, siendo evidente que esta situación no justificaba en modo alguno el impago de tan elevada suma que adeudaba en concepto de rentas y suministros.
Destaca además la sentencia, que si la vivienda era inhabitable, la arrendataria pudo y debió en su caso instar la resolución del contrato de arrendamiento, o en su caso la suspensión del mismo hasta que se ejecutaran las obras.
Decreto n 531/2023 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alcalá de Henares. Juicio de Desahucio por falta de pago 1517/2023.
Nuestros clientes decidieron acudir al despacho para poner fin a la situación de impagos reiterados por parte de la empresa arrendataria.
Por parte del despacho, se realizó un requerimiento extrajudicial previo, con el fin de que la mercantil arrendataria- que llevaba viviendo más de 10 años el local- se pusiera al día en el pago de la renta, y continuar así con un arrendamiento pacifico.
Si bien, y a pesar de dicho requerimiento, la arrendataria no abonó cuantía alguna, con lo que finalmente se interpuso demanda de desahucio por impago de rentas del local, en defensa de los derechos de nuestra clienta.
En menos de ocho meses desde el inicio de la vía judicial, se acordó la resolución del contrato de arrendamiento, se reconocieron por parte del juzgado las cuantías adeudadas, y se recuperó la posesión de dicho local mediante lanzamiento
Decreto n º 69/2023 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Pozuelo de Alarcón. . Juicio verbal (Desahucio por falta de pago) 687/ 2023.
Recibimos el decreto estimando íntegramente el desahucio de vivienda, trastero y plaza de garaje, por impago de rentas junto con la reclamación de cantidades adeudadas por el arrendatario.
Por parte del despacho, se realizó un requerimiento extrajudicial previo, con el fin de que el arrendatario se pusiera al día. Que a pesar de dicho requerimiento, el arrendatario no abonó cuantía alguna, con lo que finalmente se interpuso demanda de desahucio por impago de rentas de la vivienda y anejos en defensa de los derechos de nuestro cliente.
Gracias a la estrategia procesal desarrollada por el Despacho, en apenas 7 meses desde el inicio de la vía judicial, se acordó la resolución del contrato de arrendamiento, se reconocieron por parte del juzgado las cuantías adeudadas, y se recuperó la posesión de la vivienda, trastero y plaza de garaje mediante lanzamiento.
Decreto por el que se estima íntegramente una demanda de desahucio iniciada en nombre y representación de un Gran Tenedor de Inmuebles. Decreto 57/2024 de fecha 13 de febrero de 2.024 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier.
En este caso, nuestro cliente era un multipropietario de viviendas, considerado “gran tenedor de viviendas urbanas a los efectos del art. 3.k) de la ley de Vivienda (Ley 12/2023, de 24 de mayo). Llevaba sufriendo impagos de alquileres de su inquilino superiores a un año (a la fecha de contacto con el despacho, por importe de 12.9111,67 €).
Desde Pluslegal Abogados, cumplimentamos todos los trámites legales exigidos para este tipo de procedimientos, presentando con carácter previo a la demanda, una solicitud de mediación y conciliación ante la Dirección General de Vivienda de la Región de Murcia. Ante la falta de respuesta, en el plazo legal de dos meses, procedimos a presentar una demanda de desahucio en fecha 3 de noviembre de 2.023. Siguiendo una tramitación profesional del asunto, obtuvimos un Decreto de finalización, tras solo tres meses desde la presentación de la demanda, en fecha 13 de febrero de 2. 024.
Se ha declarado la resolución del contrato de arrendamiento, se ha señalado fecha de lanzamiento y se han impuesto las costas procesales al inquilino demandado.
Sentencia 65/2024 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 7 de Getafe. Juicio verbal (Desahucio por falta de pago) 74/2024.
Interpusimos demanda de desahucio de vivienda por expiración del plazo contractual acumulando a la acción de reclamación de rentas impagadas por los arrendatarios hasta la recuperación de la posesión.
Llegado el día del juicio, se actualizó la cuantía adeudada. La parte contraria solicitó que se descontará la cuantía de la fianza de las cantidades adeudadas. Nos opusimos a dicha cuestión alegando que la fianza es una obligación de los arrendatarios en garantía del correcto estado de devolución del inmueble y al no haberse puesto el inmueble a disposición de nuestro cliente y no haberse podido comprobar que se encuentra en perfecto estado, no ha lugar a compensación alguna, ni a la devolución de la fianza.
Así las cosas, la jueza dictó la Sentencia, condenando a los demandados al abono de las cuantías de renta hasta el desalojo de la vivienda, así como al interés legal del dinero desde la interposición de la demanda, recogiendo nuestras alegaciones respecto de la no compensación con la cuantía de la fianza.
Sentencia 365/2023 dictada por la Audiencia provincial de Madrid – Autos de origen desahucio en precario 658/2020.
Los clientes acuden al despacho en el año 2020 con el fin de iniciar un procedimiento de desahucio en precario contra la persona que está ocupando una vivienda de su propiedad.
Dicha demanda fue admitida a trámite, alegando la ocupante en la contestación a la demanda, que ocupaba legítimamente la vivienda al habérsela dejado uno de los copropietarios en comodato (contrato por el que se presta el uso de vivienda sin pago de renta) hacia más de 10 años tras haber mantenido una relación sentimental.
La Sentencia en primera instancia estimó la demanda interpuesta por parte de Pluslegal Abogados, indicando que no existía voluntad entre las partes para el uso de la vivienda, ni ningún tipo de pago por la misma.
La ocupante recurrió dicha sentencia ante la Audiencia provincial de Madrid. La Audiencia ha vuelto a dar la razón a nuestros clientes, indicando que no consta ninguna autorización para que la ocupante habitase en el inmueble.
Sentencia favorable a propietario que adquiere inmueble arrendado con deuda pendiente (Sentencia de 4 de febrero de 2.024 dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº4 de Arrecife).
En este caso, nuestro cliente era un propietario que adquirió un inmueble, que ya se encontraba arrendado con anterioridad, existiendo una deuda de la inquilina pendiente por importe de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (3.450,00 €). En la compraventa de la vivienda, mi representado pactó con el anterior titular su derecho a recobrar esta cantidad.
Pese a que cuando nuestro cliente adquiere el inmueble, la inquilina reanuda el abono mensual de la renta, al no satisfacer la deuda pendiente hasta el momento, se remite por parte de Pluslegal un burofax para solucionar la controversia. Ante la imposibilidad de resolverlo extrajudicialmente (la inquilina no recoge el burofax y contesta con evasivas a las comunicaciones realizadas), se inicia la vía judicial para reclamar estas cantidades (no siendo intención de nuestro cliente la resolución del contrato de arrendamiento). Con anterioridad al juicio, la inquilina procede a transferir al Juzgado las cantidades adeudadas a nuestro cliente.
Habida cuenta de los gastos ocasionados a nuestro cliente, por nuestra parte se interesa la condena en costas procesales. En la sentencia, se reconoce que con la demanda instada, la inquilina “ha causado al actor la molestia y gastos del procedimiento judicial”, por lo que se obtiene una sentencia favorable con condena en costas. Nuestro cliente ha recuperado la cantidad que le debía la inquilina y puede reclamar los gastos que la ha ocasionado el procedimiento.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid por la que se confirma el desalojo de la ocupante en precario de un inmueble que había declarado ser vulnerable.
Sentencia de 12 de diciembre de 2.022 (recurso de apelación 558/2022).
En el presente caso, nuestro cliente era titular de varias viviendas de un inmueble que había sido declarado en situación de ruina legal urbanística, por parte de las autoridades competentes (en este caso la Dirección General de Control de la Edificación del Área de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid), habiéndose dictado orden para la demolición del edificio. Pese a la inhabitabilidad de las viviendas, la mayoría fueron ocupadas por terceros en precario, lo que llevó a nuestro cliente a contactar con Pluslegal para iniciar los procedimientos judiciales oportunos.
Una de las ocupantes de las viviendas reconoció encontrarse sin título para permanecer en el inmueble, pero con un evidente ánimo dilatorio alegó vulnerabilidad económica en relación con el Real Decreto Ley 11/2020. Siguiendo una estrategia procesal dirigida a desacreditar los medios aportados por la ocupante, finalmente el Juzgado de Primera Instancia nos da la razón y acuerda el desalojo. La ocupante, interpuso un recurso de apelación. Nuevamente, la Audiencia Provincial nos dio la razón indicando que la alegación de vulnerabilidad por la ocupante “es compatible con la condena al desalojo de la vivienda y únicamente afecta a las condiciones en que haya de practicarse el lanzamiento.”
La sentencia devino firme y condena en costas a la ocupante. Si sufres cualquier problema relacionado con la ocupación en precario de tu vivienda o eres víctima de un delito de usurpación o allanamiento, desde Pluslegal te ofrecemos nuestra dilatada experiencia para solucionar este tipo de situaciones.
Decreto 283/2023 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 3 de Nules. Juicio verbal (Desahucio por falta de pago) 283/2023.
Recibimos el decreto estimando íntegramente la demanda desahucio de vivienda por impago de rentas contra los arrendatarios, condenando a los demandados a abonar las rentas hasta la entrega de la posesión de la vivienda y señalando el lanzamiento de la vivienda.
En el presente procedimiento de desahucio, se solicitó por los demandados la suspensión por vulnerabilidad, si bien, la jueza procedió a desestimar dicha petición al considerar que los arrendatarios no habían acreditado documentalmente la situación de supuesta vulnerabilidad económica.
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 88 por la que se confirma el desalojo de los ignorados ocupantes de la vivienda.
Sentencia 114/2022 de 25 de marzo de 2.022.
En el presente caso, nuestro cliente era titular de varias viviendas de un inmueble que había sido declarado en situación de ruina legal urbanística, habiéndose dictado orden para la demolición del edificio. Pese a la inhabitabilidad de las viviendas, la mayoría fueron ocupadas por terceros en precario, lo que llevó a nuestro cliente a contactar con Pluslegal para iniciar los procedimientos judiciales oportunos.
Uno de los inmuebles fue ocupado por personas que no se establecían con carácter estable en la vivienda, sino que se asentaron en la vivienda como segunda residencia esporádica. Adoptando una estrategia procesal particular en este caso, y debido a los intentos infructuosos de notificación, logramos obtener una sentencia íntegramente estimatoria sin que los ocupantes demandados se personasen en el procedimiento.
Obtuvimos una sentencia íntegramente estimatoria con condena en costas a los ignorados ocupantes. La resolución devino firme y ejecutable.
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 6 de Valencia por la que se confirma la resolución del contrato por expiración del plazo contractual, aunque el inquilino no recibió el burofax.
Sentencia 297/2023 de 5 de octubre de 2.023.
En el presente caso, nuestro cliente había realizado a su inquilino la comunicación prevista en el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para comunicarle la finalización del contrato por expiración del plazo contractual previsto, como consecuencia del transcurso de las prórrogas mínimas que la ley establece en favor del arrendatario. Pese a constarle a nuestro cliente que el inquilino residía en la vivienda (y continuaba pagando la renta mensualmente), se negó a recoger la comunicación y manifestó por otros cauces a nuestro cliente que tenía intención de quedarse indefinidamente en la vivienda.
En este punto, intervinimos desde Pluslegal, preparando la correspondiente demanda tras recabar la documentación oportuna y argumentamos que la comunicación no fue recibida por el inquilino, debido a causas no imputables al arrendador de la vivienda y al haber cumplido con todos los requisitos legales, había actuado diligentemente. En tan solo cuatro meses desde la demanda, obtuvimos una sentencia íntegramente estimatoria con condena en costas al inquilino y con posibilidad de ejecución directa de la misma.
Sentencia n º 275/2024 dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, sección undécima. Recurso de Apelación 1277/2023- Juicio verbal (Desahucio por expiración) 128/2023.
Recibimos la sentencia de la Audiencia provincial que confirma íntegramente la sentencia de desahucio por expiración del plazo contractual dictada en primera instancia por el juzgado de 1ª instancia n º 10 de Valencia.
El presente procedimiento de desahucio se inició en defensa del arrendador, contra los arrendatarios, que se opusieron al desahucio, alegando que la comunicación de no renovación se había realizado por parte de la empresa inmobiliaria que gestionaba el alquiler y no directamente el arrendador, y que por lo tanto no era válida a efectos de comunicar la no renovación, debiéndose renovar por una nueva anualidad el contrato de arrendamiento.
Si bien, la Audiencia ha confirmado que el hecho de que la inmobiliaria sea quien remitente el burofax, no varía la validez de la finalización y requerimiento, y más si tenemos en cuenta que esa agencia ha intervenido de manera habitual en el contrato cumpliendo su función profesional. Por lo que el hecho de que fuera la remitente del burofax, que no de la carta, no es un obstáculo para la validez de esta comunicación a los efectos de los artículos 9 y 10 de la LAU, si se tiene en cuenta que con dicho requerimiento se cumplió la finalidad del mismo, comunicar a los arrendatarios la terminación del plazo, pues aquél no se iba a prorrogar y por tanto que expiraría.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 17 de enero de 2022 (Sección undécima, recurso de apelación 172/2021).
En el presente caso, recibimos el encargo de nuestro cliente para iniciar un proceso de desahucio frente al ocupante en precario de su vivienda. Obtuvimos una sentencia estimatoria en primera instancia, pero el ocupante recurrió la sentencia, alegando una especial situación de vulnerabilidad económica y social.
Desde Pluslegal impugnamos el recurso de apelación, aludiendo que, en ningún caso, resulta justificable que una situación de vulnerabilidad ampare la ocupación ilegítima de una vivienda privada, siendo un mandato que, en su caso, deben atender las Administraciones Públicas, y no un propietario privado. La Sección undécima de la Audiencia Provincial, acogió nuestros argumentos afirmando que “no puede obligarse a una de las partes a satisfacer legítimos derechos e intereses que pudieran corresponder a la otra, pero cuya satisfacción debe correr a cargo de la Administración Pública”, razonando que una situación de precario resulta absolutamente injustificable para amparar las alegaciones del apelante. En consecuencia, se confirmó la sentencia de primera instancia con condena en costas de la segunda instancia al apelante.
Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n º 56 de Madrid. Juicio verbal (Desahucio por expiración) 401/2024.
Recibimos el decreto estimando íntegramente la demanda desahucio por expiración del plazo contractual contra la arrendataria, condenando a la demandada a entrega de la posesión de la vivienda.
En el presente procedimiento de desahucio, se solicitó por la demandada la suspensión por vulnerabilidad, si bien, la jueza procedió a desestimar dicha petición al considerar que la demandada no cumplía los requisitos de vulnerabilidad, contaba con patrimonio previo y percibía ingresos.
Sentencia n º 146/2024 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 28 de Sevilla. Procedimiento ordinario de resolución contractual por actividades molestas.
Recibimos la sentencia estimando íntegramente la demanda de resolución contractual por actividades molestas de los arrendatarios. Junto con la demanda, se presentaron numerosas quejas de los vecinos de la finca, así como por parte de la Administración de fincas, refiriendo que desde el piso arrendado se escuchaban ruidos inamisibles durante el día y hasta altas hora de la madrugada: gritos, insultos peleas que alteraban intensamente el descanso de los vecinos; así como amenazas e insultos a vecinos de la Comunidad en zonas comunes, así como a vecinos de la CCPP de fincas colindantes.
Para acreditar tales extremos, además de la comentada documental, se solicitaron varios oficios tanto a la policía local como a la nacional para que aportaran los atestados de las intervenciones realizadas. De igual manera, en el acto de plenario, acudieron varios vecinos como testigos de los hechos.
Con todas estas pruebas, se acreditó las continuas actividades molestas de los arrendatarios, y se estimó la resolución contractual, acordando a dejar libre la vivienda de la clienta.
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Madrid por la que se confirma el desahucio por falta de pago, declarando la improcedencia de la enervación, aunque la comunicación extrajudicial no pudo ser entregada por “destinatario desconocido”
Sentencia 433/2022 de 21 de noviembre de 2.022.
En el presente caso, nuestros clientes llevaban años asumiendo impagos de la arrendataria del inmueble y cuando acuden al despacho, arrastraban una deuda superior a cinco años de impagos. Por nuestra parte, realizamos la comunicación extrajudicial preceptiva a efectos de evitar la enervación posterior del desahucio, reclamando todas las rentas no prescritas hasta el momento de la comunicación. La demandada no recibe el burofax, indicándose en el comprobante del funcionario de Correos, que no pudo ser entregado por resultar la destinataria “desconocida”. Todo ello, pese a la constancia de nuestros clientes de que esta persona continuaba residiendo en el inmueble junto a su familia, sin abonar ninguna renta.
A continuación, presentamos la correspondiente demanda y la inquilina contesta alegando la prescripción de parte de la deuda, así como la presunta incorrección en el envío de la comunicación. Pese a ello, siguiendo nuestra argumentación, se dicta la sentencia en la que se estima íntegramente nuestra demanda y SSª, compartiendo nuestro criterio afirma, sobre la comunicación que no pudo entregarse por destinataria “desconocida”, que la falta de recepción es imputable a la destinataria debido a que la misma se dirigió a su domicilio y el servicio de correos habría dejado aviso. La sentencia devino firme y se hizo efectiva, recuperando nuestros clientes la posesión de su vivienda tras un largo periodo de impagos.
Sentencia n º 455/2024 dictada por la Audiencia provincial de Barcelona en los Autos de Recurso de apelación n º 1431/2022
Recibimos la sentencia dictada por la Audiencia provincial de Barcelona, que confirma la sentencia de desahucio por expiración del plazo contractual dictada en primera instancia, que fue interpuesta por este despacho en defensa de los intereses del cliente.
En este caso, se suscribió entre las partes un contrato de arrendamiento en 2018, en el que se pactó una duración de un año, prorrogable hasta un máximo de tres años, de acuerdo a la redacción de la LAU vigente en ese momento.
Se discute por parte del arrendatario, si la comunicación de no renovación fue válida a pesar de que no recibió la misma. En este sentido, destaca la Audiencia lo siguiente.
“En cuanto al requerimiento de denegación de prórroga, no obstante la indiscutida naturaleza recepticia del requerimiento al arrendatario, según es doctrina constante y reiterada, en el presente caso, si el burofax no fue recogido por su destinatario, a pesar de que fue remitido a la vivienda arrendada, y se le dejó aviso al destinatario, la pasividad de la parte demandada en ningún caso puede perjudicar el derecho de la demandante.”
Por todo ello, se considera que la comunicación realizada de no renovación es válida a todos los efectos y procede la resolución del contrato de arrendamiento por expiración del plazo contractual.
Decreto número 1/2022 de fecha 10 de enero de 2.022 del Juzgado de Primera Instancia Nº14 de Madrid (Juicio verbal de desahucio por falta de pago 1153/2021).
En el presente caso, nuestro cliente llevaba más de tres meses acumulando impagos de sus dos inquilinos. Uno de los inquilinos había cedido el inmueble a terceros, que residían en la vivienda presuntamente bajo una situación de subarriendo inconsentido.
Desde Pluslegal, analizamos la situación y tras unos contactos extrajudiciales previos que se resuelven de manera infructuosa estimamos que lo procedente es acudir a la vía judicial. Realizamos la comunicación extrajudicial preceptiva a efectos de evitar la enervación posterior del desahucio, reclamando todas las rentas no prescritas hasta el momento de la comunicación. Ninguno de los dos inquilinos recoge el burofax, pese a la notificación en dos ocasiones (en diferente horario) y tras dejar un aviso por el funcionario de Correos y el transcurso del plazo de 14 días hábiles, se devuelve a origen. Todo ello, pese a la constancia de nuestros clientes de que los inquilinos y terceras personas continuaban residiendo en el inmueble, sin abonar ninguna renta.
Analizando el perfil de los inquilinos, se articula la demanda y tras un plazo de 3 meses, logramos un decreto de finalización que estima la resolución contractual por falta de pago. Decreto que se ejecutaría con la diligencia de lanzamiento correspondiente a los 3 meses.
De manera novedosa, el decreto de finalización del procedimiento recoge una presunción de que los arrendatarios consienten la resolución del contrato de arrendamiento, al no haber contestado en plazo a la demanda. Les condenaron, asimismo, al pago de las costas procesales.
Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n º 57 de Madrid. Juicio verbal (Desahucio por expiración) 64/2024.
Recibimos la sentencia estimando íntegramente la reclamación de cantidad de las rentas adeudadas, tras la entrega de llaves. El procedimiento se inició por desahucio por expiración del plazo contractual contra la arrendataria, que dejó de abonar las rentas cuando recibió la comunicación de no renovación. Cuando recibió el decreto de admisión de demanda entregó llaves, si bien no abonó las cuantías adeudadas y pendientes.
El procedimiento judicial continuó en reclamación de estas cantidades, reconociéndose en sentencia la obligación de pago de estas cuantías reclamadas.
CONTÁCTANOS SIN NINGÚN COMPROMISO
Nuestros abogados analizarán y estudiarán al detalle tu situación para darte la solución y el asesoramiento que necesitas.
