Cambios que plantea el Partido Popular en la Ley de Vivienda

Desde que se convocaron las nuevas elecciones generales la posibilidad de derogación de la Ley de Vivienda en caso de que gane el Partido Popular está sobre la mesa. Pero, ¿realmente puede suceder?

En realidad, esto es cierto solo en parte, ya que hay una parte de esta norma que está comprometida con los fondos europeos, de modo que no se podría derogar sin que ello supusiera un conflicto con Europa. Además, algunas de las medidas que incluye no disgustan al Partido Popular, como son los incentivos fiscales. Por eso, si gana el PP lo más probable es que no se derogue la ley sino que se modifique, dejando sin efecto las partes con las que no están de acuerdo:

  • Zonas de alquiler tensionado: El Partido Popular ha mostrado su disconformidad con que se controlen los precios, por lo que es probable que esta parte sea suprimida.
  • Limitación en la actualización de la renta: actualmente las actualizaciones de la renta están limitadas, al igual que en el punto anterior el Partido Popular no es partidario de establecer estas restricciones respecto a las rentas. Por eso, cabría esperar que se elimine esta medida.
  • Trabas a los desahucios: la Ley de Vivienda ha impuesto más requisitos a la hora de iniciar un desahucio. Probablemente, se derogará esta parte, facilitando estos procesos tanto en impagos de alquileres como en okupaciones.
  • Prórrogas obligatorias de los contratos de arrendamiento: la Ley de Vivienda ha establecido nuevas prórrogas obligatorias. La reforma del Partido Popular en este campo podría suponer su derogación. Es posible que el PP vuelva a reducir el plazo a 3 años, de los 5 que introdujo en 2019 el actual Gobierno.
  • Reserva de suelo para VPO: La Ley de Vivienda ha aumentado la reserva de suelo destinado a VPO del 30% al 40% y es muy probable que con el Partido Popular vuelva al 30%.
  • Imposibilidad de descalificar VPO: Este punto no está del todo claro si es del agrado del Partido Popular, aunque es posible que lo modifiquen volviendo al plazo de calificación de 30 años.

Además de lo anterior el Partido Popular se ha mostrado partidario de aumentar las viviendas en alquiler dando seguridad jurídica e incentivando dicho mercado, por lo que es muy probable que promuevan leyes que faciliten los desahucios express en caso okupaciones, así como que promuevan incentivos fiscales para las personas que decidan arrendar sus viviendas o construir viviendas destinadas a alquiler social.

Impacto de los posibles cambios en la Ley de Vivienda

Los posibles cambios propuestos por el Partido Popular en la Ley de Vivienda podrían tener un impacto significativo en el mercado inmobiliario y en los derechos de los inquilinos. En primer lugar, la eliminación del control de precios en las zonas de alquiler tensionado podría generar un aumento descontrolado de los alquileres, dificultando el acceso a la vivienda para muchos ciudadanos.

Asimismo, la derogación de las limitaciones en la actualización de la renta podría permitir aumentos abusivos por parte de los propietarios, afectando la estabilidad financiera de los inquilinos. Además, la facilitación de los desahucios podría generar situaciones de mayor vulnerabilidad para los inquilinos en casos de impago o ocupación ilegal.

Posibles consecuencias en la vivienda protegida y el mercado de alquiler

Si el Partido Popular modifica la Ley de Vivienda, es probable que se reduzca la reserva de suelo destinado a vivienda de protección oficial (VPO) del 40% al 30%. Esta medida podría afectar la disponibilidad de viviendas asequibles para aquellos con menores recursos económicos. Asimismo, la posible derogación de la imposibilidad de descalificar viviendas de protección oficial antes de los 30 años de calificación podría tener un impacto en la estabilidad y accesibilidad de este tipo de viviendas.

Además, las propuestas de incentivos fiscales para el alquiler podrían fomentar la oferta de viviendas en alquiler, pero es necesario evaluar su efectividad en la generación de vivienda asequible y en la protección de los derechos de los inquilinos. Estas modificaciones podrían transformar el panorama de la vivienda protegida y el mercado de alquiler en el país.

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